El tema aborda la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, norma que transpone la Directiva 2012/29/UE y aglutina en un texto único el catálogo de derechos procesales y extraprocesales de toda víctima. Se estudia su ámbito de aplicación, el concepto general de víctima —directa e indirecta— del artículo 2, y los derechos básicos del Título I, desde el derecho a entender y ser entendida hasta el acceso a los servicios de asistencia y apoyo. En su segunda parte se examina la protección de las víctimas regulada en el Título III: la prevención de la victimización secundaria, la evitación del contacto con el infractor, la evaluación individual de las necesidades especiales de protección y las concretas medidas adoptables en las fases de investigación y de enjuiciamiento. Se trata de una ley procedimental de derechos tasados, con plazos y garantías precisos, cuyo estudio exige máxima fidelidad al articulado; quedan fuera de su alcance el Título II (participación de la víctima en el proceso penal) y el Título IV (disposiciones comunes).
