El tema desarrolla íntegramente la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, norma que, en cumplimiento del mandato de los artículos 104.1 y 149.1.29ª de la Constitución, sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992 y ordena la actividad de policía administrativa de seguridad desde una concepción material de la seguridad ciudadana como presupuesto del ejercicio de los derechos y libertades. Partiendo del encuadre doctrinal de la policía administrativa y de los principios que rigen la potestad sancionadora, se recorren los cinco capítulos de la Ley: las disposiciones generales (objeto, ámbito, fines, principios rectores, autoridades y deberes de cooperación y colaboración); la documentación e identificación personal (DNI, pasaporte y documentación de extranjeros); las actuaciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (entrada y registro, identificación de personas, restricción del tránsito, registros corporales, videovigilancia y reuniones); las potestades especiales de policía administrativa; y un extenso régimen sancionador. Se trata de un tema de altísima densidad para el examen, saturado de plazos, órganos competentes, cuantías de multa y clasificaciones de infracciones y sanciones que exigen memorización literal y verificación cifra a cifra contra el texto vigente.
